Contraloría determinó irregularidades en el manejo de recursos públicos en municipalidades de Amazonas.

La Contraloría General identificó hechos que ponen en riesgo la integridad el manejo de recursos públicos en las siete Municipalidades Provinciales y el Gobierno Regional de Amazonas, como resultado del operativo “Buen Uso del Gasto Público – Devengados” con el cual se realizaron verificaciones, entre el 17 de diciembre y el 24 de enero de 2019, a operaciones de devengados.

El operativo tuvo como objetivo el determinar si las entidades del sector público, durante el proceso de ejecución financiera del gasto público derivado de la etapa del devengado realizado en el 2018, cumplieron con la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes; así como haber realizado previamente la recepción satisfactoria de los bienes, la prestación efectiva de los servicios, el cumplimiento contractual y el registro.

Los resultados obtenidos en las ocho unidades ejecutoras fueron comunicados por los Órganos de Control Institucional (OCI) a los respectivos titulares, mediante la emisión de ocho informes de acción simultánea, con el propósito de alertar a los funcionarios públicos de la existencia de situaciones que podrían afectar el buen uso del gasto público en la fase de devengados.

Los devengados fueron registrados sin tener las autorizaciones correspondientes por S/ 1 742 823.54 en la Municipalidad Provincial de Luya, S/ 370 898.93 en la Municipalidad Provincial de Bongará y S/ 134 967.31 en la Municipalidad Provincial de Utcubamba.

Existe registro de devengados sin contar con toda la documentación sustentatoria establecida en la normativa, por S/. 11 795 717.77 en el Gobierno Regional de Amazona, S/ 1 742 823,54 en la Municipalidad Provincial de Luya, S/ 1 790 901.73 en la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza y S/ 13 320.00 en la Municipalidad Provincial de Utcubamba.

Se detectó registro de devengados sin certificación de crédito presupuestario S/ 370 898.93 en la Municipalidad Provincial de Bongará, S/ 1 742 823.54 en la Municipalidad Provincial de Luya y S/. 40 096.96 en la Municipalidad Provincial de Utcubamba.

Se efectuó el registro de devengados sin haberse acreditado la respectiva conformidad de los servicios contratados por S/ 28 515.50 en la Municipalidad Provincial de Luya y S/. 108 600.00 en la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, el cual tampoco contaba con los comprobantes de pago autorizados.

En la Municipalidad Provincial de Bongará, se detectó registro de devengados por S/ 41 175 .75 sin contar con contratos (compromiso para la ejecución del gasto), S/ 352 080.93 sin tener la conformidad de los términos contractuales (requisito para formalización del devengado) y se realizaron pagos que han afectado la meta presupuestal de la institución por un monto de S/ 14 760.00.

Por último, en la Municipalidad Provincial de Utcubamba, se detectó S/ 168 603.60 en devengados que fueron pagados con cheques, debiendo haberse generado por transferencias electrónicas, ya que dicho medio de pago no se encuentra previsto en la directiva de Tesorería.

Estos hechos ponen en riesgo una inadecuada utilización de los recursos públicos y el logro de los objetivos en la ejecución de la fase del devengado por parte de las instituciones supervisadas.

Cabe mencionar que los riesgos detectados en las Municipalidades Provinciales de Bagua y Chachapoyas, ya han sido subsanados e informados a los Órganos de Control Institucional de dichas instituciones.

Contraloría, recomendó que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) sea progresivamente obligatorio en todos los gobiernos regionales y locales, así como lograr una interoperabilidad con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para mitigar los riesgos de pérdida de recursos públicos.

Más:

El operativo de Control “Buen Uso del Gasto Público – Devengados” se desarrolló a nivel nacional a 479 unidades ejecutoras, las cuales han sido informadas por los Órganos de Control Institucional (OCI) a los sus respectivos titulares, mediante la emisión de 451 informes de acción simultánea y 60 orientaciones de oficio, con el propósito de alertar a los funcionarios públicos de la existencia de situaciones que podrían afectar el buen uso del gasto público en la fase de devengado.

Los informes del operativo “Buen Uso del Gasto Público – Devengados” también han sido comunicados al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que dispongan las acciones que estimen pertinentes en el marco de sus competencias.

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