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La valla electoral: el filtro que depura el registro, pero no ordena la política

18-12-2025

 

La norma exige que los partidos alcancen un porcentaje mínimo de votos o escaños congresales para conservar su inscripción. En 2021 más de una docena fueron eliminados del padrón del JNE, sin embargo, el Congreso siguió fragmentado. Una situación que podría repetirse en las Elecciones 2026.

 

La valla electoral se presentó como un mecanismo para ordenar el sistema de partidos en el Perú. Pero, dos décadas después de su implementación, sigue generando dudas sobre su efectividad real. Si bien ha servido para depurar el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), no ha logrado traducirse en un sistema más estable ni en una oferta electoral de mayor calidad. El caso de 2021 —cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) canceló la inscripción de 15 agrupaciones por no superar el umbral legal, entre ellas partidos con presencia histórica— es probablemente el ejemplo más claro de sus limitaciones. Los problemas de representación y la mala calidad de candidaturas podrían persistir en estas Elecciones 2026.

 

¿Qué exige exactamente la valla?

 

La Ley de Organizaciones Políticas establece dos condiciones alternativas. Tras una elección general, un partido mantiene su inscripción si:

obtiene al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección congresal; o

consigue mínimo cinco congresistas electos en más de una circunscripción.

 

Si no cumple ninguno de los dos requisitos, el JNE está obligado a cancelar su registro en el ROP. Es decir, el partido deja de ser reconocido legalmente en el sistema, perdiendo los beneficios y derechos de participar en elecciones a nivel nacional hasta que vuelva a cumplir con el proceso de inscripción (recolección de 24 mil firmas, formación de 50 comités a nivel nacional, elaboración de documentos de fundación, entre otros).

 

Aunque el mecanismo está dirigido principalmente a los partidos, la norma también se aplica a las alianzas electorales, pero con un umbral más alto. En estos casos, la valla se incrementa según el número de organizaciones que conforman la alianza: 8% para dos partidos, 10% para tres y 12% para cuatro o más. Si la alianza no alcanza el porcentaje que le corresponde, todos sus integrantes pierden la inscripción.

 

Por otro lado, la valla no se aplica a movimientos regionales, que se rigen por los requisitos de las elecciones subnacionales. Tampoco afecta directamente a candidatos ni listas específicas, aunque sí determina quiénes entran al reparto de escaños: sólo las organizaciones que superan el umbral participan en la distribución de curules, lo que puede dejar fuera a postulantes con votaciones individuales importantes si su partido no alcanzó la valla.

 

Los hechos: menos partidos inscritos, misma dispersión en el Congreso.

 

La eliminación de organizaciones políticas del registro no se traduce por sí sola en un Congreso más compacto. Así sucedió tras los comicios del 2021, los votos se distribuyeron entre múltiples listas, sin que ninguna alcanzara una mayoría sólida. El Parlamento terminó conformado por más de diez bancadas —que aumentaron a trece grupos durante el ejercicio legislativo—, lo que produjo los mismos problemas de fragmentación.

 

Este panorama demuestra que la valla actúa sobre el registro legal, no sobre el comportamiento electoral. Además, que un partido pierda su inscripción no impide que, en la siguiente elección, surjan nuevas agrupaciones o alianzas con candidatos sin mayor cohesión interna, como se observa en el actual proceso: 34 partidos y 3 alianzas en carrera electoral.

 

Tampoco impacta en la calidad de las candidaturas.

 

El mecanismo tampoco mejora automáticamente la calidad de los postulantes. De acuerdo a informes de la Asociación Civil Transparencia, en el proceso de 2021 hubo una amplia heterogeneidad en la experiencia profesional, formación académica y antecedentes de los candidatos, incluso en los partidos que sí superaron la valla.

 

La razón es sencilla: La valla determina quién queda inscrito, pero no cómo se eligen los candidatos dentro de los partidos. No regula procesos internos, no exige filtros éticos ni estándares mínimos de preparación, y no sanciona malas prácticas en la construcción de listas.

 

Otros efectos poco discutidos.

 

Más allá de fragmentación y calidad, la valla genera otras consecuencias que influyen directamente en la representación política y en la dinámica partidaria:

 

Barreras para nuevos actores

El umbral del 5% puede convertirse en un obstáculo para organizaciones emergentes con potencial regional o sectorial, que requieren más de un ciclo electoral para expandirse nacionalmente.

 

Incentivos a la personalización

Con tal de no perder la inscripción, algunos partidos priorizan figuras mediáticas o alianzas tácticas sin coherencia programática. Es una manera de alcanzar votos rápidos, aunque no necesariamente representativos.

 

Debilitamiento de voces regionales

La regla exige un rendimiento nacional uniforme. Un partido con fuerte presencia en una región, pero sin votos repartidos en todo el país, puede desaparecer del registro pese a tener representación social real.

 

¿Un filtro necesario?

La valla electoral cumple una función clara de depurar el registro. Esa es la parte que funciona. Lo que no logra por sí sola es transformar el sistema político. La alta fragmentación, representación territorial, incentivos internos y calidad de candidaturas continúan siendo problemas estructurales y requieren reformas adicionales: democracia interna efectiva, supervisión real del financiamiento, transparencia y estándares mínimos para la selección de candidatos. Hasta que esos elementos no se integren al diseño institucional, no habrá mejoras en la política peruana.

 

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