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Hospital Virgen De Fátima: cuando la política roba, la salud muere

01-02-2026

 

Por: Jindley Vargas

 

Chachapoyas vive hoy una tragedia silenciosa: el sistema de salud en el Hospital Regional Virgen de Fátima se ha desplomado, y lo que debía ser un bastión de esperanza y atención digna se ha transformado en un símbolo de abandono, corrupción y desprecio por la vida. El hospital, lejos de cumplir su misión de salvar, proteger y sanar, ha sido degradado a agencia de empleos y caja chica de mercaderes de la política, donde la dignidad humana se negocia como mercancía y la salud del pueblo se sacrifica en el altar de la indiferencia y el lucro.

 

La corrupción se ha enquistado en todos los niveles: funcionarios serviles al poder que se arrodillan ante una política mercantilista que sobrevalora obras y contratos mientras desprecia la vida humana; sindicatos que callan ante el problema estructural y se conforman con prebendas menores; una municipalidad degradada a circo de viajes inútiles y despilfarros que abandona al ciudadano; y un gobernador que infla obras, paga gastos generales exorbitantes y sostiene funcionarios a dedo mientras la población agoniza. Este maridaje entre poder local y regional constituye la maquinaria de un sistema que se alimenta de la miseria, utiliza la salud y los servicios públicos como fachada para lucrar y convierte a las instituciones en botines políticos.

 

A ello se suma un Ministerio Público que, en lugar de ser guardián de la legalidad, se ha vuelto cómplice: archiva denuncias, no sanciona, no corrige, y funciona como engranaje perfecto de un aparato que lucra con la salud y condena a los pacientes.

 

El cierre de la UCI adultos y la inminente clausura de la de neonatología por falta de financiamiento, la ausencia de un tomógrafo, la renuncia de un cardiólogo de excelencia y médicos trabajando con meses de salarios adeudados son apenas la punta del iceberg de una gestión criminal. A ello se suman las ambulancias fantasmas que nunca llegaron pese a costar millones, los equipos “bamba” entregados en plena pandemia, una UCI que se derrumbó a los pocos meses de inaugurada, personal de salud sin habilitación poniendo en riesgo vidas y áreas críticas como cáncer y salud mental cerradas por obras mal hechas.

 

Todo configura un panorama insoportable: la salud en Chachapoyas ha sido convertida en negocio sucio y botín político, un crimen institucional que desprecia la vida y condena a un pueblo entero a sufrir y morir en silencio.

 

Este no es un problema técnico, es un problema moral. La salud pública ha sido convertida en negocio, y la indiferencia ciudadana ha permitido que se normalice el abuso. Cada paciente que muere por falta de atención, cada familia que sufre por negligencia, es una herida abierta en nuestra dignidad colectiva.

 

Es hora de despertar. La población de Chachapoyas y de toda la región Amazonas no puede seguir siendo espectadora de esta novela macabra. La salud no es mercancía, es derecho. Y cuando ese derecho se vulnera, la acción ciudadana debe ser inmediata y contundente.

 

No más silencio, no más indiferencia. La vida está primero.

 

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